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La matanza en los penales del Perú fue una serie de acciones militares ocurridas en el Perú entre el 18 y el 19 de junio de 1986 a raíz del amotinamiento de los presos acusados de terrorismo recluidos en las prisiones de San Juan de Lurigancho y El Frontón y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, ubicadas en las provincias de Lima y de Callao. Luego de infructuosas negociaciones, fuerzas de la policía de la Guardia Republicana del Perú y la Marina de Guerra del Perú tomaron violentamente el control de los penales, ocasionando la muerte de 124 reclusos en Lurigancho, 2 en Santa Bárbara y aproximadamente 170 en El Frontón. En la isla El Frontón un oficial dio la orden de disparar contra presos que se habían rendido.[1]
Los 35 ex marinos que participaron en estas acciones fueron acusados de homicidio calificado,[1] sin embargo, se excluyó de la denuncia al entonces ministro del Interior Agustín Mantilla y a los demás miembros del gabinete.[2] Luis Giampietri, uno de los jefes de la Marina de Guerra solo declaró en calidad de testigo.[1] Según indicó el expresidente Alan García Pérez, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú no halló responsabilidad personal alguna atribuible a su persona.[3]